miércoles, 1 de abril de 2015

TERRORISMO MEDIÁTICO

¿Porqué CFK dijo que los periodistas pueden decir lo que quieran porque los protege la Ley?

Porque la Ley los ampara. Porque el periodismo puede decir lo que se le antoje, disfrazado de lo que se le cante y está protegido legalmente por todos los flancos. Es más, el periodismo tiene el beneficio de demandar a su favor porque se incluye indistintamente en el fuero civil como víctima y en el fuero público como victimario. ¿No se entiende? Salta el cerco punitivo de un lado para el otro a piaccere.

1 - Porque la Ley 26.551 que CFK  presentó como Proyecto está en vigencia y salió mal aprobada del Congreso ya que no se logró establecer en la misma, de manera categórica que mentir en un medio de difusión no es una calumnia ni una  injuria civil, sino un delito federal (Acto de terrorismo) que podría estar comprendido en la tan criticada Ley Antiterrorista Nº 26.734 (2007) por el  Art. 213 "Se impondrá prisión o reclusión de CINCO a VEINTE años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo (...)"

2- Tampoco se puede aplicar ésta Ley a actos de Terrorismo Mediático porque ante las críticas de los Organismos De Derechos Humanos para defender el Derecho de Huelga se negoció un Art 44 “quinquies” que limita las posibilidades de aplicación y establece «Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional y la Constitución garantiza la Libre Expresión. No aceptaron en el Congreso que se especifique el Derecho de Huelga sino todos los demás derechos civiles en los que pueda quedar incluído el accionar periodístico.


3- Cuando mienten, dudan sin prueba, acusan públicamente e instalan “construcciones” ideológicas en la sociedad, están haciendo uso de todo el derecho que le brindan las Leyes Argentinas en cuya elaboración participan y fogonean;  ellos lo saben perfectamente y siguen apostando a la vulnerabilidad de la sociedad. Para ello cuentan con un ejército de ultrapapistas de la tinta y el micrófono.

Esto no lo digo yo sino ellos mismos; lo que sigue está extraído de una nota de La Nación del 20/09/2012.

El Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, que preside Eduardo Bertoni, ex relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA, con ayuda de FOPEA y los estudios legales asociados a La Nación y Clarín festejaron  la ley 26.551 que surgió del Proyecto de Ley que Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso  en 2009 y que modificó la redacción de los delitos de calumnias e injurias en el Código Penal para casos de “interés público” dejando sin alterar el uso de dicha figura penal para casos civiles.

Según La Nación ésta Ley tuvo como principales objetivos adecuar los preceptos legales internos a los estándares internacionales del sistema interamericano; fortalecer el sistema democrático, habilitando la crítica y la libre circulación de ideas plurales, y disminuir el efecto inhibitorio que caracteriza a las sanciones penales.

Ahora, el mismo Estudio que representa a los multimedios y que dirigen los Drs. E. Bertoni y Agustina Del Campo sostiene que la presión sobre la libertad de expresión se da desde el gobierno por otros medios y cita las inspecciones de la AFIP como ejemplo de acción punitiva y el alarmante exceso de las multas e indemnizaciones.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos  pidió a la Corte Interamericana que presionara al gobierno con la siguiente presentación:

"Es indispensable que el Tribunal Internacional ordene al Estado argentino que adopte, en forma prioritaria, las reformas legislativas y de otro carácter que sean necesarias sobre la Ley. 26.551 porque en virtud de su redacción y falta de precisión da vía libre para que los tribunales argentinos fallen con criterios discrecionales, fomentado el dictado de numerosas sentencias violatorias a la libertad de expresión.”

El diputado Bruzzone y el Dr. Gil Lavedra aportaron su cuota de presión aunque reconocen que "no hay un problema de libertad de expresión en la Argentina ahora: hay una exageración en relación a ello" dicen.
Sostienen además que la mayoría de los beneficiados no son periodistas sino funcionarios públicos y acusan a la Jueza Servini de Cubría de entorpecer los pedidos de anulación que se presentan a partir de la sanción de dicha Ley 26.551.

Al final el diario enumera los casos de Demandas Iniciadas por Calumnias e Injurias y aclara que son civiles aunque el 15% están iniciadas por funcionarios públicos en defensa de su honor.

O sea que la prensa además de contar con la protección legal para calumniar e injuriar,  se dá el gusto de demandar  a quienes la critiquen.
JP






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